Tras una investigación exhaustiva, la Defensoría del Pueblo determinó la violación de derechos humanos en contra de cinco personas (3 adultos y 2 menores de edad), por parte de la Policía Nacional, en los hechos que se suscitaron en las protestas del pasado 19 de julio de 2022 en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.
De acuerdo con la resolución de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional tenía la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el contexto de la protesta; sin embargo, su respuesta inadecuada no solo afectó derechos como la Libertad de Expresión, el Derecho de Reunión y la Libertad de Asociación, sino que también puso en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad personal de los manifestantes.
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En consecuencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), insta al Ministerio de Seguridad Pública a realizar el reembolso de gastos médicos, transporte y medicina, así como de acompañamiento psicológico y médico de las víctimas, cuyos derechos fueron vulnerados.
Además, la Defensoría recomienda a la Policía Nacional que para restituir los derechos que le fueron vulnerados a los manifestantes, en lo sucesivo sea preservado el derecho a las protestas pacíficas, privilegiando el diálogo y la negociación en la gestión de cualquier modalidad de protesta y tener en cuenta que el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principio de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad y que en ningún caso se debe hacer uso indiscriminado de la fuerza y mucho menos el uso de armas de fuego con municiones letales en estos operativos.
